Hasta el 31 de julio la ciudadanía podrá hacer sus sugerencias y ser parte de la décimo quinta versión del proceso, una herramienta clave para priorizar los esfuerzos en temas de conservación.
Charif Tala es Jefe del departamento de conservación de especies del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Es, además, “pajarero” de vocación desde sus años universitarios. Fue miembro de la Unión de Ornitólogos de Chile y confiesa que ha salido a pajarear con varios socios de la ROC.
Y aunque su actual cargo lo obliga a preocuparse por la conservación de todas las especies, no puede negar que siente una mayor sensibilidad por las aves, y de entre ellas, las aves rapaces son sus favoritas.
Actualmente el Ministerio del Medio Ambiente está liderando el décimo quinto proceso de clasificación de especies según estado de conservación, un factor clave en los procesos de toma de decisión para priorizar recursos y desarrollar planes de conservación eficientes.
Charif Tala es responsable de ese proceso y en esta entrevista explica cuáles sus objetivos y el énfasis que tendrá este año.
–¿Cómo opera, a grandes rasgos, el proceso? ¿Quiénes son los actores involucrados?
El procedimiento tiene tres periodos en los cuales la ciudadanía puede participar. El primero es el que está ocurriendo ahora ─hasta el 31 de julio─, que es esta invitación a sugerir especies adjuntando información sobre ellas. Porque no es suficiente dar el nombre: si no hay antecedentes no se va a poder evaluar.
Con esas sugerencias, más la información que tengamos nosotros u otros servicios públicos, se conforma una lista que es la que se somete a clasificación y ahí trabaja un comité que es creado para ese fin.
Este comité de clasificación está compuesto por seis instituciones del Estado: el SAG, CONAF, Subpesca, Sernapesca, el Museo Nacional de Historia Natural y el MMA. Además hay otros seis representantes que vienen del sector académico ─tres de ellos miembros de la Academia chilena de Ciencias y los otros tres de las universidades autónomas─ más tres que son postulados desde sectores gremiales: el sector gremial agrícola, el sector gremial pesquero y el sector gremial forestal. Ellos también postulan especialistas y se hace un proceso de selección.
Ese comité es el que tiene el trabajo de clasificar las especies y entregar una propuesta, que luego es sometida a un proceso de consulta ciudadana. Es decir, los resultados a los cuales llega este comité ─con los antecedentes, con las justificaciones para aplicar tal criterio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y llegar a una determinada categoría─ es luego sometido un proceso de participación donde la ciudadanía puede entregar algunos comentarios y observaciones que el comité vuelve a discutir y eventualmente puede revisar su clasificación, su propuesta y a veces efectivamente surgen nuevos datos y algunos cambios en la evaluación.
–¿Cuáles son los objetivos de los procesos de clasificación?
Esto viene del año 1994, en que se mandató la generación de un proceso oficial para clasificar especies según estado de conservación. Antes de eso existían varios procedimientos. Estaban los libros rojos de CONAF, un boletín del Museo de Historia Natural, el propio reglamento de la Ley de Caza y varios otros mecanismos que eran del orden un poco más de investigadores.
Eso generaba algún nivel de confusión porque algunas especies tenían estados de clasificación distintos. Entonces cuando aparece la Ley de Bases Generales del medioambiente se toma la decisión de mandatar la creación de un procedimiento oficial para determinar el estado de conservación en Chile y ahí surge un reglamento que es el reglamento para la clasificación de especies según estado de conservación.
Ahora, el objetivo de este reglamento, y por lo tanto de todos los procedimientos que surgen a su alero, tiene que ver con determinar la probabilidad o el riesgo de extinción de las especies como un mecanismo que apoye ciertas tomas de decisión en materia de conservación, como un mecanismo para priorizar algunos esfuerzos en conservación. Entonces es básicamente un barómetro que permite estimar cuál es el estado de amenaza de una especie en base a las categorías de la UICN.
–¿Hay un límite de especies a ser clasificadas en cada proceso?
El límite es el número de especies que hay en Chile simplemente, que está acotado al grupo de las algas, hongos, animales y plantas. Solo esos grupos. Bacterias y protozoos no se clasifican por este procedimiento porque el reglamento no las recoge, pero sí los otros cuatro grupos.
Ahora, el límite en cada proceso esta dado por las capacidades logísticas del comité para, en un plazo máximo de 3 meses, hacer la evaluación. Entonces por eso es que cada uno de los procesos, en general, tienen entre 80 y 100 especies que se evalúan, pero eso fuertemente dependiente de la cantidad de información de especies distintas que se tenga disponible.
Por ejemplo, en el último proceso ─en el que la ROC sugirió la Golondrina de mar negra─, se clasificaron 55 especies. Hasta el momento, en los 13 procesos que ya están oficiales, van 1.111 especies clasificadas, pero nos faltan muchas por evaluar.
Y lo otro es que efectivamente hay algunas especies que son reclasificadas. Por ejemplo, hace dos procesos atrás se reevaluó la situación del Picaflor de Arica, y de haber estado “en peligro” ahora quedó “en peligro crítico”. No obstante, la mayoría de las especies son clasificadas por primera vez.
–¿Cuáles es la prioridad de este proceso en particular?
La prioridad de este proceso es reclasificar todas las especies que todavía quedan con una categoría que está asignada por el reglamento a la Ley de Caza. Antes del año 96 había varios procedimientos alternativos previos, entre ellos el reglamento de la Ley de Caza y todavía quedan 23 especies que no han sido reevaluadas. Entonces el foco de prioridad de este proceso tiene que ver con esas 23 especies, así como otras que, no estando todavía clasificadas en Chile, están consideradas como “amenazadas” a nivel internacional.
–¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en estos procesos ¿Cómo ha sido la participación en los procesos anteriores?
Esto se ha evidenciado bastante en los últimos 4 procesos donde ha llegado muchas sugerencias desde la ciudadanía y hay grupos de especialistas que han sido muy activos. Por ejemplo, en algunos procesos, hasta el 50% de las fichas venían de la ciudadanía. Eso contribuye fuertemente a aumentar las posibilidades de que se evalúen especies, porque desde el punto de vista estatal la capacidad para recopilar y levantar toda esa información es bastante reducida.
De hecho, en el proceso anterior, de las 55 especies 37 fueron sugeridas por la ciudadanía. Ahora, cuando hablamos de “ciudadanía” no estamos hablando de cualquier persona. Los que participan aquí son, en general, especialistas. Son ONGs que trabajan en conservación, muchas veces investigadores, porque lo que se requiere es información técnica y no cualquier persona tiene la información como para poder presentarla.
Entonces, si bien es cierto que es una invitación abierta a la ciudadanía, es un nicho pequeño de la ciudadanía quien responde; son especialistas que trabajan en conservación. Pero de ellos hay cada vez más interesados en preparar fichas y sugerir especies.
–Y en particular, ¿cuál es la situación de las aves, en términos de cantidad de aves clasificadas y categorías de amenaza?
Si uno toma un universo de unas 500 aves, de esas no todas son regulares, por lo tanto hay algunas más accidentales que simplemente no se van a evaluar. Especies de las que se tiene un solo registro en Chile no se someten al proceso.
En general las aves son de los grupos menos amenazados. A nivel global, hay otros grupos taxonómicos que están bastante más amenazados que las aves, que tienen un porcentaje de especies amenazadas menores en comparación con los mamíferos, con los reptiles, anfibios, con los corales. En Chile se da una situación parecida.
Pero hay ciertos grupos de aves, en específico, que sí están más amenazados que otros. Por ejemplo, las aves marinas en general. Si se compara las aves marinas con las aves terrestres, su situación tiene niveles de amenaza mucho mayores que las aves terrestres, en términos generales.
De hecho, hay varias especies que se han evaluado en los últimos años que provenían del reglamento de la Ley de caza, en que aparecen clasificadas como “amenazadas” pero al someterla a los criterios de la UICN quedaron como “no amenazadas”. Hay varias que están en esa situación. Actualmente hay 40 especies de aves clasificadas en el marco del reglamento para la clasificación de especies, pero otras 20 serán agregadas cuando se apruebe el proceso anterior, el décimo cuarto.
*Para mayor información, visita el inventario nacional de especies de Chile. Y para saber más sobre la historia de la clasificación de especies en Chile, clickea aquí.
