El ser humano está alterando la naturaleza a un ritmo nunca antes visto, deteriorando a nivel global los ecosistemas y la biodiversidad. Más del 75% de la superficie terrestre está intervenida de forma considerable, dos tercios de nuestros océanos experimentan crecientes impactos antrópicos y el 85% del área de los humedales se ha perdido. Si no tomamos acciones profundas prontamente, más de un millón de especies pueden extinguirse, muchas de ellas dentro de las próximas décadas. Estas son parte de las contundentes conclusiones a las que llega la primera evaluación global del Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), luego de 3 años de trabajo y revisión de cerca de 15.000 fuentes científicas y oficiales.
Chile no es ajeno a esta triste realidad. Cerca de la mitad de sus ecosistemas terrestres están amenazados y dos tercios de las especies evaluadas en categoría de conservación corren el riesgo de desaparecer. Además, el cambio climático ya está causando efectos en los ecosistemas y la biodiversidad, siendo Chile un país especialmente expuesto a ellos. El desarrollo económico y crecimiento poblacional que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas ha tenido lugar a costa de la naturaleza y de los servicios que esta nos provee.
El futuro no es auspicioso. Todos los escenarios apuntan a que son necesarias transformaciones profundas para modificar esta tendencia. Esto implica incluir la conservación de la naturaleza de modo transversal en nuestras prácticas como sociedad, cambiando la forma en que concebimos el desarrollo y hacemos nuestras vidas.
En este contexto, resulta indispensable que los países cuenten con una gobernanza ambiental adecuada, que permita gestionar estos desafíos y plantear respuestas apropiadas. Aunque con limitaciones, Chile ha ido dotándose de una mejor institucionalidad ambiental, destacando en ello la creación del Ministerio del Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. Sin embargo, durante casi una década nuestro país no ha sido capaz de darle forma a uno de los elementos clave de este diseño institucional: un servicio orientado a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, con presencia territorial a lo largo de Chile.
El proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) busca resolver esta situación. Luego de una larga tramitación, la versión actual del proyecto constituye un gran avance en cuanto a la protección de la biodiversidad y las áreas protegidas para nuestro país.
El SBAP contará con herramientas para mejorar la planificación y ejecución de la conservación en nuestro país. Entre otros instrumentos, dispondrá de sistemas de información y monitoreo, instancias de planificación ecológica, procedimientos de clasificación de ecosistemas y especies, planes de restauración ecológica, planes de conservación, recuperación y gestión de especies, planes para el control de especies exóticas invasoras, y un fondo nacional de la biodiversidad. Si bien algunos de ellos ya se han venido realizando bajo el alero de la Subsecretaría del Medio Ambiente, esto ha sido sin la cobertura y profundidad requerida.
Por su parte, el proyecto plantea un reordenamiento del sistema de áreas silvestres protegidas, otorgándole mayor coherencia a las diferentes figuras de protección, que actualmente se encuentran disgregadas en distintos servicios. Así, se propone una gestión bajo la mirada integral del SBAP, lo que permitirá una mayor coordinación entre las áreas silvestres protegidas y el conjunto de iniciativas para la conservación, permitiendo una planificación más efectiva para la protección de los ecosistemas.
En este contexto, si es que aún resulta necesario hacer ajustes para que el traspaso de los trabajadores y la experiencia de CONAF se realice respetando sus condiciones y derechos, es un tema que debiera solucionarse lo antes posible.
Resulta evidente que por sí solo el SBAP no resolverá todos los problemas que afectan a nuestra biodiversidad. Además, la capacidad para cumplir sus objetivos guardará estrecha relación con los recursos que se le asignen -los que debieran ser con creces superiores a los actuales y los planteados en el informe financiero, considerando los desafíos actuales y futuros en conservación-; las definiciones de los numerosos reglamentos que regirán sus funciones; y la rigurosidad con la que se lleven a cabo sus tareas, siendo fundamental, por ejemplo, que los planes de manejo de áreas protegidas o los planes de restauración planteen medidas y exigencias a la altura de las necesidades de los objetos de conservación que buscan proteger. Asimismo, el proyecto aún plantea dudas sobre cómo se resolverán, en los propios instrumentos del SBAP, intereses que regularmente entran en conflicto con la conservación, como aquellos de la agricultura, la pesca y la acuicultura. Persiste también el riesgo de que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en sus decisiones para la creación de áreas protegidas y la clasificación de especies, no considere adecuadamente las necesidades de conservación por sobre otros intereses de índole productiva. Ciertamente, son temas relevantes que deberán ser abordados y resueltos, y esperamos que las autoridades y los equipos técnicos actúen con responsabilidad y visión a futuro.
Pese a lo anterior, el proyecto que crea el SBAP es un avance significativo para la institucionalidad ambiental de Chile, entregando mejores herramientas para la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad. Por ello, desde la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile hacemos un llamado a avanzar decididamente en la pronta aprobación de este proyecto.
A quiene quieran apoyar, invitamos a firmar la petición “Urgencia para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)” iniciada por la Sociedad de Ecología de Chile.
